Francia refuerza sus políticas de inmigración (1 de 3)

Francia refuerza sus políticas de inmigración. Las derechas demandan un referendo nacional sobre la inmigración. (En el centro, Marion Maréchal, de ¡Reconquista!)

Nicolas Baverez, alto funcionario y escritor francés, hace un mes- antes de la aprobación de la nueva ley en Francia- afirmó en Le Figaro que “los países europeos están en proceso de asumir el fracaso de la Unión Europea [en materia de inmigración], adoptando por su cuenta políticas nacionales para que su regulación vaya de la mano de la integración [real de los inmigrantes]”. Añadía que “Francia parece que va a ser la excepción”.

En opinión de Baverez (que escribía el pasado mes de noviembre) Francia estaba quedándose rezagada con respecto a los cambios normativos que están acometiendo actualmente bastantes de los países europeos, de lo que informaré en unos próximos artículos. Por ello, el escritor francés advertía de que “En el momento en que nuestros vecinos europeos se doten de instrumentos eficaces de gestión de la inmigración, nuestro país [Francia] se convertirá en la opción por defecto para los [inmigrantes ilegales] que sean rechazados y expulsados [por nuestros vecinos]”.

Mutatis mutandis puede decirse lo mismo respecto a España que, mientras continúe bajo un gobierno de socialistas radicales y comunistas, no va en modo alguno a adoptar reformas para tomar el control de la inmigración ilegal y restringir el abuso del derecho de asilo. Si bien es cierto que los inmigrantes están informados de que las oportunidades laborales en España son muy inferiores a las de otros países europeos.

La nueva ley de Francia incluye algunos recortes a los “derechos de los inmigrantes”, o sea, a las fronteras abiertas

En Francia, como en otros varios países europeos ante el agravamiento de la crisis migratoria, en estos momentos está en plena revisión la vigente ley de inmigración, lo que está levantando un intenso debate parlamentario.

Tras una tumultuosa tramitación del proyecto de ley del Gobierno de centroizquierda del Presidente Macron (que carece de mayoría en la Cámara Baja), aquel se vio obligado a negociar en la Asamblea Nacional con el partido de la derecha convencional Los Republicanos (LR, el tradicional partido gaullista, hoy bastante debilitado, con 62 diputados). Macron no negoció con la Sra. Marine Le Pen, Agrupación Nacional (RN, en francés, muy fortalecido, con 88 diputados), pero sin sus votos no habría prosperado la nueva ley.

El Gobierno de Macron, que había presentado inicialmente un texto muy melifluo, que mantenía en gran medida las políticas buenistas, tuvo que aceptar algunas pocas mejoras solicitadas por la derecha, si bien son ciertamente insuficientes.

El 19 de diciembre el pleno de la Asamblea Nacional adoptó con holgura el texto consensuado, recibiendo también la aprobación del Senado, donde Los Republicanos (LR) disponen de mayoría.

De inmediato se desató una revuelta en el sector de izquierda del gobierno, dimitiendo dos de sus ministros.

La izquierda radical francesa, todavía agrupada en la coalición NUPES (Nueva Unión Popular, Ecologista y Social) de Melénchon, en proceso de disgregación, rechazó de plano la ley por la “indignidad” y el “deshonor” que comporta.

En realidad, las reformas contenidas en la ley son insuficientes y, además, en una jugada de tahúr el propio Presidente Macron va a solicitar que el Tribunal Constitucional (Conseil Constitutionnel) examine la nueva ley y tratará de que anule algunas de las cesiones que él ha hecho a la derecha para ganar sus votos en la Asamblea Nacional.

La nueva ley supone un giro parcial en la buena dirección, por primera vez

Por consiguiente, no puede afirmarse que la nueva ley, tal como fue aprobada el 19 de diciembre, va a dar una solución cabal al grave problema de la inmigración ilegal y del abuso del asilo político en Francia.

Ahora bien, sí que constituye la primera vez en varias décadas que los cambios legislativos en Francia se empiezan a mover -algo- en la buena dirección. El giro es tímido, pero resulta expresivo de la nueva presión social y política en pro de que Francia empiece a tomar en sus propias manos los asuntos de inmigración y asilo y pueda controlar su futuro como nación.

Las tres medidas más cuestionadas

Las tres reformas presentes en la ley recientemente aprobada que Macron desearía que fueran suprimidas (total o parcialmente) por el Tribunal Constitucional -por su presunta inconstitucionalidad-, son las siguientes:

a) Cupos anuales.- Serían fijadas por el parlamento nacional para periodos de tres años y comprenderían a todo tipo de extranjeros extra-UE (legales e ilegales que logren asilo político) que se pudieran instalar en Francia. El centrismo gobernante y toda la izquierda sostienen la peregrina idea de que los cupos constituirían un “abuso” contra los inmigrantes. Esto es, que si -por ejemplo- dos millones de inmigrantes no de la UE consiguen instalarse en Francia un año y otro y otro, el país debe estar obligado a aceptarlos a todo. Naturalmente, los cupos son una medida clave para poder contener la inmigración y evitar invasiones descontroladas que convertirían un país europeo en otra cosa … para siempre.

b) Condicionalidad para que los inmigrantes legales puedan acceder a ciertas ayudas públicas.- En las ayudas a las familias (con al menos dos hijos menores de edad), quienes estén trabajando podrán solicitarlas tras 2,5 años en Francia, mientras que quienes estén en paro necesitarán cinco años. Para las ayudas públicas al alquiler de una vivienda (APL) podrán solicitarlas a los sólo tres meses quienes estén regularizados y trabajando, pero quienes estén en paro deberán esperar 5 años. El recorte en ayuda al alquiler pretende, además, reducir la presión sobre las viviendas sociales para los franceses de nacimiento.

Los inmigrantes ilegales presentes en Francia sólo pueden acceder a unas pocas de este tipo de ayudas.

c) Reagrupamiento familiar.- Quien lo solicite deberá disponer -en adelante- de un seguro sanitario- y, por otro lado, que su familiar en el extranjero tenga al menos 21 años, tres más que ahora.

Las derechas insisten en reformas adicionales

Según el principal diario regional del norte del país, La Voix du Nord (de tendencia conservadora), en las presentes circunstancias políticas “la derecha francesa [Los Republicanos] y la extrema derecha [Agrupación Nacional, de Le Pen] abogan por la aprobación del texto completo [de la nueva ley] y reiteran su preferencia por ir más allá [con nuevas medidas de recorte en inmigración] mediante la reforma de la [actual] Constitución [por medio de un referéndum nacional que aquellas dos formaciones vienen reclamando sin descanso desde hace años –ver mi artículo-]”.

El partido gobernante (que no alcanza la mayoría parlamentaria), así como toda la izquierda, incluidos los ecologistas, quienes son -como casi siempre- de extrema izquierda, se siguen negando rotundamente al plan de un referendo específico. De sobra saben que una amplia mayoría de los ciudadanos aprobaría las cuestiones que se sometieran al referendo.

Otras reformas que si permanecerán en la nueva ley

Además de las tres reformas ya citadas, la nueva ley acogerá en todo caso -entre otras- las siguientes medidas que solicitó la derecha:

— Una regularización de los sin papeles, menos amplia.- Los prefectos (de cada departamento) podrán emitir permisos de trabajo -en los sectores económicos con escasez de mano de obra- de un año de duración y prolongarlos por otro año, bajo ciertas condiciones. El Gobierno deseaba mayor laxitud para regularizar.

— Privación de la nacionalidad francesa a ciertos criminales con doble nacionalidad.- Aplicable con una sentencia firme por homicidio de algún miembro de las fuerzas del orden.

— Limitación del derecho de suelo o del lugar (Ius soli).- Pone fin al automatismo con el que cualquier persona nacida en Francia de padres extranjeros no de la UE ha venido adquiriendo la nacionalidad francesa, al cumplir los 18 años, sin tener que solicitarlo expresamente.

— Restablecimiento del delito de permanencia irregular.- Incluso para los condenados por permanencia ilegal con una simple multa. Este delito estuvo vigente hasta 2012.

— Instauración de un depósito económico para los demandantes de un permiso de estancia como estudiante.- Depósito con el que se cubrirían, eventualmente, algunos gastos dejados sin pagar por el interesado y cuyo saldo se le devolvería al partir de Francia u obtener la ciudadanía.

Serán necesarios cambios en la Constitución nacional, en la subordinación de ciertas directivas de la Unión Europea y probablemente en el trato a los Convenios internacionales sobre Derechos Humanos

Ya hemos indicado que los dos partidos de la derecha parlamentaria están imbuidos de la necesidad de reformar la Constitución francesa para poder adoptar todas las leyes necesarias para, como dicen allí, poder retomar el control de la corriente inmigratoria, hoy “abierta” a todo aquel que quiera entrar en el país. Treinta o cuarenta años de políticas buenistas en migración han impregnado toda la legislación del país.

Por otro lado, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo también han incorporado ampliamente en su normativa las políticas buenistas de “fronteras abiertas”. Por ello no es de extrañar que el jefe del grupo Los Republicanos en el Senado, Bruno Retailleau, declarara lo siguiente el pasado septiembre:

“La jurisprudencia de los Tribunales Supremos [de varios estados miembro de la UE] pone en evidencia que hay en Europa una ideología según la cual cada emigrante puede beneficiarse del derecho a instalarse allí donde él quiera [dentro de la UE]. Derecho que, precisamente, viola la voluntad de los pueblos [europeos]”. Concluyendo aquel senador que “va a hacer falta una revolución jurídica [en Europa] para retomar el control del caos migratorio [reinante por doquier]”.

Por ello, es lógico que no sólo el partido de derecha dura de Marine Le Pen, Agrupación Nacional, sino el más moderado Los Republicanos (el tradicional partido gaullista) sean plenamente conscientes de que las normativas europeas (ya sean de la UE o de organismos más amplios, como el Consejo de Europa y su Tribunal Europeo de los Derechos Humanos) han de ser reformulados para que los Estados recuperen la soberanía nacional sobre los graves asuntos de la inmigración, que han ido siendo cedidos a organismos internacionales.

Garantizar -por primera vez- la primacía de la legislación nacional en ¨temas fundamentales¨ sobre lo dispuesto por los tratados internacionales, de la UE y otros

En mayo de 2023, el mismo senador y dirigente de Los Republicanos (LR) Bruno Retailleau declaraba que su partido “busca inscribir en la Constitución la posibilidad de derogar la primacía de los tratados internacionales [que Francia hay suscrito como, por ejemplo, los de los derechos humanos o el Pacto Mundial sobre Migración] y de la legislación de la Unión Europea, mediante votación en ambas cámaras legislativas o por un referendo, cuando los ¨intereses fundamentales de la nación¨ estén en juego. Gracias a este escudo constitucional las disposiciones nacionales [consideradas como de ¨interés fundamental para la nación¨ -como podrá ser la inmigración-] no podrán en adelante ser contradichas por el derecho internacional”.

Naturalmente, esta decisiva propuesta -compartida por Agrupación Nacional y por el partido ¡Reconquista!– no requiere -en modo alguno- que Francia abandone la Unión Europea. Como declaró el dirigente máximo del partido Los Republicanos, Éric Ciotti, “nuestra propuesta no es antieuropea. [Por el contrario] Se inscribe en el marco de las instituciones de la UE. Además, una política migratoria coherente deber ser europea [esto es, dentro del entramado institucional de la UE, pero con algunas excepciones]”

La regulación del derecho de asilo prácticamente no se ha modificado con esta ley

Este es uno de los principales asuntos pendientes para que Francia consiga controlar el flujo migratorio. Ahora bien, si el Tribunal Constitucional no anula el cupo anual de inmigrantes de todo tipo (ilegales y regulares), posiblemente quienes vean reconocidos ese derecho de asilo también quedarán limitados por dicho cupo.

En la situación actual en casi todos los países europeos, los inmigrantes ilegales permanecen en dichos países durante años hasta que los tribunales decidan si les corresponde o no el derecho al asilo político. Si, finalmente, se les deniega esas personas se “pierden” en los barrios de inmigrantes en Francia y no hay manera de encontrarles para expulsarles. Cientos de miles de inmigrantes ilegales permanecen en Francia en estas condiciones. En definitiva, esta vía constituye en toda Europa un enorme coladero.

Por lo cual, los partidos de la derecha francesa siguen reclamando que se suprima el actual derecho a que los inmigrantes ilegales puedan pedir asilo una vez que se encuentren en Francia y que -por el contrario- se obligue a que sólo se pueda tramitar dicha solicitud de asilo desde los Consulados franceses en los países de origen, aguardando allí a la decisión final. Esto lo pide Agrupación Nacional, ¡Reconquista! y el partido de derecha convencional Los Republicanos.

La opinión pública respalda la ley recién aprobada

Un par de días después de la adopción de la nueva Ley en el Parlamento, el 19 de diciembre, el principal diario conservador del país, Le Figaro, encargó una encuesta a la agencia Odoxa-Backbone.

Al informar del resultado obtenido, Le Figaro titulaba su noticia de esta elocuente manera.

“Los franceses aprueban las principales medidas de la [nueva] Ley”.

La encuesta muestra que “la mitad de los franceses (el 50%) se declaran ¨satisfechos¨ con [el conjunto de] la ley. Cerca de una cuarta parte de ellos (el 24%), por el contrario, dicen estar ¨insatisfechos¨; el 26% restante afirma desconocer las líneas generales del texto [aprobado]”.

Referido específicamente a varias de las principales medidas incorporadas a la ley, el resultado es el siguiente:

— “El 84% de los franceses son favorables a que se retire la nacionalidad [francesa] a los inmigrantes con doble nacionalidad [por ejemplo, tunecina y francesa] que hayan cometido crímenes contra las fuerzas del orden [francesas]”.

— “El 76% … aprueba que se anule el [automatismo del llamado] derecho de suelo”, por el que cualquier persona nacida en Francia de padres extranjeros de fuera de la UE ha venido adquiriendo automáticamente la nacionalidad francesa.

— “El 75% … aprueba que el parlamento fije cada año un cupo para la inmigración [de fuera de la UE]”.

Vistas estas muy elocuentes cifras, ¿puede alguien negar que los ciudadanos franceses están muy insatisfechos con la legislación para la inmigración que rige actualmente en el país?

Fuente: Le Figaro.

Resulta también muy expresivo que la encuesta ha desvelado que el 55% de los encuestados opina que esta ley supone un éxito para Marine Le Pen y sólo el 25% cree lo mismo respecto al Presidente Macron.